La Corte Superior de Justicia de Lima ha admitido a trámite una demanda de amparo presentada por la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) contra el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La resolución, emitida el 1 de julio de 2025, marca un paso significativo en la resistencia legal de parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil que han levantado su voz de protesta frente a este claro intento de control.
La demanda solicita declarar inaplicable el Artículo Único de la Ley N° 3230, que modifica diversos incisos de la Ley N° 27692, que regula la APCI. Además, pide que la agencia se abstenga de aplicar dichas normas mediante el mecanismo de control difuso y exhorta al Congreso a reformar las disposiciones cuestionadas para evitar conflictos similares en el futuro.
El tribunal, en su resolución, destacó que la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por la Ley N° 31307 y los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, aplicados de manera supletoria. Asimismo, se ordenó el traslado de la demanda a los emplazados —el Congreso y el Poder Ejecutivo— para que la contesten en un plazo de diez días.
La resolución también programó la audiencia única virtual para el 5 de noviembre de este año, conforme a las disposiciones administrativas del Poder Judicial.
El caso ha generado expectativa en el ámbito de las organizaciones de sociedad civil que buscan frenar estas normativas cuyo objetivo es afectar la libertad de asociación y controlar el trabajo de ONG, ENIEX e IPREDAS.
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