Trujillo, 23 de enero de 2025.
Representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil del Macro Norte participaron en el taller “Fortalecimiento de la OSFL frente a las modificaciones normativas para la cooperación internacional en el Perú”, organizado por la Asociación Nacional de Centros (ANC) y realizado en modalidad híbrida en la sede de CEDEPAS Norte, en Trujillo.
El evento se desarrolló en un contexto de creciente preocupación por la Ley N.° 32301, que modifica el marco normativo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La jornada se inició con la exposición de Carlos Rivera, abogado y director del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien sostuvo que la norma no busca transparencia, sino control político sobre la sociedad civil.
“Esta no es una ley de transparencia, sino una ley de control político que impone nuevas reglas a las organizaciones antes de las elecciones de 2026”, afirmó Rivera.
El abogado advirtió que la ley incorpora disposiciones represivas, como el requisito de “conformidad previa” para ejecutar proyectos y sanciones graves contra organizaciones que litigan contra el Estado con fondos de cooperación internacional.
“Las multas se han incrementado de 50 a 500 UIT, montos imposibles de asumir para cualquier ONG”, señaló.
Rivera destacó una reciente sentencia del Sexto Juzgado Constitucional que declaró inconstitucionales los requisitos de conformidad previa y la prohibición de litigio, y remarcó la necesidad de multiplicar las acciones de amparo en las regiones.
Por su parte, Gabriela Flores, periodista y directora de la ONG Japiqay, explicó que la ley amplía su alcance a todas las organizaciones que reciben fondos del exterior y fue implementada sin consulta pública.
“Se exige cumplir nuevas obligaciones sin que existan procedimientos claros, lo que genera incertidumbre y abre espacio a la discrecionalidad”, indicó.
Flores alertó que el mecanismo de conformidad previa puede operar como una forma de censura y que la norma afecta la autonomía de los gobiernos regionales y locales al requerir autorización de APCI para firmar convenios con organizaciones internacionales.
Las organizaciones participantes coincidieron en la urgencia de fortalecer la articulación de la sociedad civil, impulsar acciones legales descentralizadas y mejorar la comunicación pública para enfrentar el nuevo marco normativo. Por su parte, la ANC anunció que continuará promoviendo espacios de coordinación y capacitación a nivel macrorregional.
