Lunes, 26 de enero de 2025.
La Asociación Nacional de Centros (ANC) realizó el taller virtual “Fortalecimiento de las OSFL frente a las modificaciones normativas para la cooperación internacional en el Perú – Macrosur”, un espacio de análisis y articulación que reunió a más de 47 organizaciones de la sociedad civil de diversas regiones del país, especialmente del sur andino.
El evento se llevó a cabo el lunes 26 de enero, vía Zoom, y contó con la participación de destacados ponentes como Carlos Rivera, abogado y director del Instituto de Defensa Legal (IDL), y Gabriela Flores, periodista y directora de Japiqay. La sesión fue presentada y moderada por Josefina Huamán, Secretaria Ejecutiva de la ANC.
Durante el taller se analizó el impacto de la Ley que modifica el funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), aprobada en abril de 2025, así como de sus reglamentos y directivas complementarias. Los expositores coincidieron en señalar que esta normativa configura un marco restrictivo que limita la autonomía de las organizaciones no gubernamentales, imponiendo mayores cargas administrativas y mecanismos de control que afectan el ejercicio del derecho a la asociación y la defensa de derechos humanos.
Carlos Rivera contextualizó la ley dentro del escenario político posterior a la crisis institucional del país, advirtiendo que las nuevas disposiciones trascienden la fiscalización técnica y responden a una lógica de control y restricción del espacio cívico. Entre los aspectos más preocupantes se encuentran la inscripción obligatoria en registros específicos, la exigencia de conformidad previa de APCI para ejecutar proyectos, y la imposición de sanciones severas, que pueden incluir multas de hasta 500 UIT y el cierre de organizaciones.
Por su parte, Gabriela Flores explicó el nuevo entramado normativo que transforma a la APCI en una entidad de supervisión y sanción, debilitando su rol como promotora del desarrollo. Alertó además sobre los vacíos operativos, la sobrecarga burocrática y los efectos de autocensura y discriminación que ya vienen experimentando diversas organizaciones.
Durante el espacio de trabajo en grupos, las y los participantes identificaron riesgos concretos como los retrasos en la ejecución de proyectos, la falta de claridad en los procedimientos, y la ausencia de capacitación oficial sobre los nuevos requisitos.
Asimismo, se discutieron estrategias de respuesta colectiva, incluyendo solicitudes de capacitación a la APCI, procesos de articulación regional y la evaluación de acciones legales de amparo, algunas de las cuales ya han sido iniciadas por organizaciones de la sociedad civil, con precedentes favorables del Tribunal Constitucional.
La ANC reafirma su compromiso de acompañar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil frente a este nuevo escenario normativo, promoviendo la defensa del espacio cívico, la cooperación internacional para el desarrollo y el pleno respeto a los derechos fundamentales.
