En el marco de su labor de articulación y defensa de la libertad de asociación, la Asociación Nacional de Centros (ANC) promovió una reunión de trabajo con la congresista y vicepresidenta del nuevo Congreso bicameral, Ruth Luque, con el objetivo de realizar un balance sobre los impactos que viene generando la nueva Ley APCI y sus reglamentos en las organizaciones de la sociedad civil.
El encuentro reunió a representantes de organizaciones, plataformas y actores vinculados a la defensa de derechos humanos y la cooperación internacional, quienes expresaron su preocupación por el creciente nivel de control, fiscalización y presión administrativa que enfrenta la sociedad civil organizada.
Durante la reunión, Ruth Luque explicó que desde 2025 se han aprobado más de diez instrumentos normativos relacionados con la implementación de la Ley APCI, incluyendo nuevos reglamentos de infracciones y sanciones que incrementan considerablemente las multas y amplían las exigencias para las organizaciones.
Asimismo, se alertó sobre las dificultades que la normativa viene generando para el funcionamiento de organizaciones sociales, especialmente aquellas con menos recursos, así como los riesgos que representa para el espacio cívico y el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.
Frente a este escenario, las y los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar una propuesta de modificatoria de la ley que permita corregir los aspectos más lesivos de la norma. Entre los principales puntos planteados destacan: la reducción de sanciones excesivas, la eliminación de restricciones que afectan el derecho de defensa frente al Estado, la revisión de las obligaciones administrativas impuestas a las organizaciones y la incorporación de criterios diferenciados para organizaciones de base.
La ANC reafirmó la importancia de construir una articulación amplia entre organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y sectores democráticos del Congreso, con el objetivo de defender la libertad de asociación y fortalecer las condiciones para el trabajo de la sociedad civil en el país.
Finalmente, se acordó continuar impulsando espacios de coordinación, documentación de casos y diálogo político para enfrentar los impactos de la normativa y promover una agenda democrática en defensa del espacio cívico y los derechos ciudadanos.
Comunicaciones ANC
