Las organizaciones firmantes solicitamos a los nueve países de la Cuenca Amazónica, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las instancias pertinentes de las Naciones Unidas tomar atención urgente a las demandas realizadas anteriormente por el Programa de Defensores y Defensoras de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)1. Son los pueblos indígenas de la Amazonía quienes se encuentran de manera permanente defendiendo tierra y territorio, lo cual los pone en una situación de vulnerabilidad diferenciada frente a agentes de violencia externos como son proyectos extractivos e infraestructura, narcotráfico, invasiones, paramilitares, entre otras.
Recientemente han sufrido la amenaza directa de asesinato a uno de los miembros de su Consejo Directivo, Robinson López, líder del Pueblo Inga, Coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de esta organización y Coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC). La amenaza ha sido conocida luego de la publicación de un panfleto intimidatorio de parte del grupo armado, autodenominado “Águilas Negras”, conocido por tomar las vidas de personas defensoras de derechos en la región del Cauca y en la cuenca del Putumayo, en Colombia.
Es necesario señalar que el caso de Robinson López, aunque urgente, es parte de una lista de casos igualmente graves que el Programa de Defensores y Defensoras de la COICA está recogiendo y sistematizando en sus nueve bases nacionales en los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Surinam, Guyana y Guyana Francesa. En todos ellos, se busca impedir, mediante la violencia el trabajo de reivindicar y exigir la garantía de sus derechos territoriales. Por ello, instamos al gobierno colombiano a implementar las medidas de protección diferenciada, adecuadas culturalmente, y con todos los recursos que la gravedad de la situación amerita, tal y como viene siendo solicitado por las organizaciones indígenas del país. Al respecto de lo dicho, proponemos lo siguiente.
A los gobiernos:
● Implementar una política de derechos humanos como forma de concretar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, instrumento de Naciones Unidas que recoge las principales normas para defender y garantizar los derechos de las personas en el marco de las actividades empresariales.
● Implementar medidas de prevención de ataques a defensores y el fortalecimiento de los procedimientos de acceso a la justicia, contemplados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, entre otros
1 El Programa de Defensores y Defensoras se constituye como una respuesta frente a esta terrible situación desde las organizaciones indígenas para articular acciones no solo de manera reactiva frente a las amenazas inminentes, sino como un espacio de propuesta de cambios estructurales en las políticas de acceso a la justicia, participación, gestión de los recursos naturales y demarcación territorial.
● Implementar espacios de diálogo para el desarrollo y fortalecimiento de planes de acción para la defensa de los derechos humanos en coordinación con la sociedad civil, pueblos indígenas, empresas, entre otros actores.
A las empresas:
● Participar activamente en las políticas, medidas y espacios de diálogos que los gobiernos implementan para el fortalecimiento del acceso a la justicia, la protección de las personas defensores y defensoras de derechos y el ejercicio de los derechos humanos. Las empresas, al igual que los Estados, tienen una responsabilidad en el respeto de los derechos y, por ende, en la protección de los defensores ambientales.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte interamericana de Derechos Humanos y a las instancias pertinentes de Naciones Unidas:
● Establecer una hoja de ruta conjunta con el Programa de Defensores y Defensoras de la COICA para el establecimiento de acciones de denuncia y seguimiento a las recomendaciones que dichas instancias han dado a nuestros gobiernos a fin de desarrollar una estrategia preventiva con las organizaciones indígenas como protagonistas.
Las organizaciones de sociedad civil firmantes nos ponemos a disposición para apoyar en estas iniciativas que se enmarcan en los compromisos de fortalecimiento de la justicia ambiental y la solución sistémica que requiere la problemática de los defensores indígenas ambientales en toda la región, en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Escazú y otros instrumentos internacionales.
FIRMAN:
Coalición Regional por la Transparencia y la Participación.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS
(Siguen firmas…)
