Este miércoles 22 de noviembre la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP) escuchará por unos minutos el alegato del fiscal Rafael Vela Barba, Coordinador del Equipo Especial “Lava Jato” y de la especialidad de lavado de activos, a raíz de la apelación para revocar la medida de suspensión en el cargo de fiscal, por 8 meses y 15 días.
La sanción que la ANCMP pretende imponer de forma definitiva al fiscal Vela viola la libertad de expresión, derecho fundamental así como la independencia fiscal, siendo muy claro el impacto negativo en los demás fiscales: el silenciamiento de cualquier voz crítica sobre çómo el sistema de justicia procesa los más grandes casos de corrupción y lavado de activos. La sanción, en medio del trámite de casos estructurales de corrupción, es un evidente obstáculo para el seguimiento de estas causas, lo que favorece a la impunidad de los investigados y pone en serio riesgo el desarrollo de las mismas en el futuro inmediato.
Rechazamos también la violencia que acompaña este actuar del sistema disciplinario. Las campañas de estigmatización, generación de odio y desinformación contra el fiscal Vela no son respondidas por el Ministerio Público; la información de salud que es personalísima es utilizada para el escarnio y la burla por espacios de desinformación; la rapidez con que se ha abierto una indagación fiscal contra el médico tratante del fiscal tiene un efecto de criminalización que además puede impactar en el tratamiento de su salud.
El escenario en que se pretende sancionar definitivamente al fiscal es de evidente acoso legal para retirarlo del cargo. Este intento no es solo contra el fiscal Rafael Vela Barba, sino también contra el fiscal José Domingo Pérez quie, además, en ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión e información, se pronunció al ser entrevistado sobre la confirmación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo día en que fueron ampliadas para el fiscal Vela. La respuesta al día siguiente de la Fiscalía de la Nación, en este grave contexto de riesgo para la integridad de ambos fiscales identificado por la CIDH, fue una velada amenaza, lo que además de poner en mayor vulnerabilidad a los fiscales por parte de la máxima representante de la Fiscalía, viola la independencia de los fiscales y pone en riesgo la de otros operadores de justicia.
La confirmación de la sanción al fiscal Vela en ese sentido, es la continuidad de la criminalización de fiscales que están haciendo su trabajo, descalifica en absoluto la actuación de la ANCMP y de la Fiscalía de la Nación y es un gran paso para la impunidad de los grandes casos de corrupción y lavado de activos que coordina. Alertamos a la comunidad nacional e internacional de este grave peligro para la democracia y la independencia de la justicia en el país.
Lima, 21 de noviembre del 2023.
